Organizaciones de excombatientes de Malvinas presentaron una iniciativa legislativa que busca reforzar la protección de los recursos naturales del Atlántico Sur. El proyecto, impulsado por el CECIM La Plata y el CEVECIM Berisso, establece sanciones para empresas y personas que participen en actividades económicas en territorios bajo ocupación británica. La propuesta será ingresada a la Cámara de Diputados el próximo martes.

Entre sus medidas, contempla la nulidad de permisos y concesiones británicas y la prohibición de realizar actividades extractivas, comerciales, industriales, financieras o turísticas sin autorización del Estado argentino. También prevé el decomiso de buques, aeronaves, instalaciones y equipamiento utilizados en infracción. A su vez, crea un registro público de infractores e impone una inhabilitación de dos décadas para operar, contratar o tener activos en el territorio continental argentino.

El régimen penal propuesto incluye condenas de hasta 20 años de prisión para responsables de empresas que exploten, almacenen o transporten recursos naturales en las áreas contempladas. Las sanciones también alcanzarían a quienes brinden apoyo logístico para sostener esas operaciones. Otro punto central es la derogación del acuerdo bilateral de 2024 sobre cooperación pesquera y conectividad con las islas.