El Gobierno nacional dispuso la eliminación del Instituto Nacional de Alimentos como parte de una reforma del sistema sanitario. La medida implica trasladar sus funciones a otros organismos con competencias específicas. Se trata de una reorganización del esquema de control alimentario.

Las funciones técnicas y regulatorias serán asumidas principalmente por la ANMAT y otros entes del Estado. Estos organismos ya intervienen en la fiscalización y control de productos alimenticios. El nuevo esquema apunta a concentrar decisiones en estructuras consideradas más ágiles.

Según el Ejecutivo, la reforma permitirá optimizar recursos y mejorar la gestión. También se busca reducir la duplicación de tareas entre distintas áreas del Estado. Aun así, la medida genera debate sobre sus efectos en la transparencia y en la calidad de los controles.