El Ejecutivo analiza presentar una propuesta a los rectores con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que la Corte Suprema intervenga en la disputa por el financiamiento.

El Gobierno nacional busca encauzar el diálogo con las universidades públicas y trabaja en una oferta destinada a poner fin al conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario. La intención oficial es abrir una instancia de negociación que permita acercar posiciones con los rectores y evitar que la controversia llegue a una definición de la Corte Suprema.

La estrategia es coordinada por distintos organismos del Ejecutivo, que evalúan mecanismos para garantizar recursos al sistema universitario mientras avanzan las conversaciones. Paralelamente, la Procuración del Tesoro diseña alternativas jurídicas que permitan cerrar la disputa y dejar sin efecto la medida cautelar impulsada por las casas de estudio.

Desde la Casa Rosada consideran prioritario alcanzar un entendimiento antes de que el máximo tribunal se expida sobre el tema. Un fallo adverso podría tener un impacto significativo sobre las cuentas públicas, por lo que las negociaciones con el sector académico aparecen como una de las principales apuestas del Gobierno para resolver el conflicto.