La decisión del Gobierno de privatizar las represas del Comahue volvió a colocar en el centro del debate el papel del Estado sobre recursos estratégicos. Con la venta de Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados–Planicie Banderita, el Ejecutivo espera un ingreso de USD 685 millones, una cifra clave para reforzar las reservas en un fin de año marcado por tensiones financieras. Pero mientras el ministro Luis Caputo celebra el resultado de la licitación, especialistas y sectores políticos advierten sobre los riesgos estructurales de desprenderse de activos esenciales para la matriz energética.

Las represas, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, aportan una proporción central de la energía hidroeléctrica nacional. Para el Gobierno, la transferencia al sector privado permitirá inversiones y modernización que el Estado no podría afrontar. Sin embargo, técnicos del sector, sindicatos y gobernadores patagónicos alertan que la operación puede poner en riesgo la estabilidad del sistema, reducir la capacidad de control público y abrir la puerta a futuros incrementos tarifarios.

Las ofertas económicas fueron encabezadas por operadores locales, un punto que el Ejecutivo interpreta como señal de confianza. Pero para críticos, la urgencia por obtener dólares condicionó una decisión que debería haberse discutido con mayor profundidad institucional. Con tarifas presionadas por la quita de subsidios y un sistema energético en transición, la privatización abre un nuevo frente de debate sobre el modelo de gestión y el rol del Estado.

El Gobierno insiste en que la operación mejorará la eficiencia y traerá inversiones inmediatas. Pero el impacto real en la generación, en el costo para los usuarios y en la planificación energética a largo plazo sigue siendo una incógnita. En un contexto económico frágil, la venta de las represas aparece como un alivio financiero, pero también como una apuesta polémica que ya genera fuertes cuestionamientos.