El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un giro decisivo luego de que el primer imputado en la causa declarara ante la Justicia que actuó por “orden y mandato” de otro funcionario también involucrado. Según Infobae, el acusado habría reconocido su participación en el circuito de cobros ilegales que afectaba a personas con discapacidad y familiares que buscaban acceder a certificados o beneficios del organismo.

La investigación —que comenzó a partir de denuncias por pedidos de dinero a cambio de agilizar trámites— ya identificó un patrón de intermediación irregular dentro y fuera de la agencia. En su declaración, el imputado aseguró que no actuó solo y que respondía a un superior, lo que abre una nueva línea de responsabilidades jerárquicas dentro del organismo.

El juez a cargo del expediente ordenó profundizar medidas de prueba, citar a declarar a exautoridades y analizar comunicaciones internas. Las organizaciones de personas con discapacidad expresaron preocupación por la gravedad del caso y reclamaron protección para denunciantes y familiares que fueron víctimas del presunto esquema extorsivo.

El Gobierno, que atraviesa ajustes en áreas sensibles, enfrenta ahora un capítulo judicial que expone la vulnerabilidad de los sistemas de control y la necesidad de mecanismos más estrictos de transparencia. La causa avanza con velocidad y se esperan nuevas imputaciones en los próximos días.

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